El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este miércoles en una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema canal 11, que los acuerdos alcanzados con imputados han permitido devolver al Estado más de 2,000 millones de pesos en distintos procesos, convirtiéndose en una herramienta clave para desmantelar estructuras criminales.

Entre los casos más relevantes figura el de Maxi Montilla, quien entregó más de 3,000 millones de pesos, uno de los mayores montos recuperados en la historia judicial reciente. “Los acuerdos son necesarios para garantizar que el dinero ilícito regrese al patrimonio público”, afirmó el magistrado.

Camacho subrayó que estos logros se complementan con condenas históricas, como la sentencia de 20 años de prisión contra tres generales en el caso Coral, primera vez que se sanciona con tal severidad una red corrupta dentro de las Fuerzas Armadas.

En los expedientes Coral y Coral 5G, dijo, se demostró la magnitud del entramado de corrupción, mientras que en el caso Calamar recordó que las investigaciones abarcan expropiaciones, pago de deudas, contratistas y bancas, revelando que parte del dinero se utilizó para financiar campañas políticas. Aunque figuras como Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta fueron excluidas por decisión del tribunal, el Ministerio Público apelará.

El funcionario también reveló detalles del fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), donde tres estructuras afectaron al seguro público. En el oncológico de Santiago, por ejemplo, se fraccionaban medicamentos de pacientes con cáncer para lucrarse, cobrando al seguro como si fueran dosis completas.

“Es una crueldad estafar a los más pobres y enfermos”, denunció.
Finalmente, Camacho resaltó que el Ministerio Público trabaja con concursos más transparentes, busca mayores recursos y se enfoca en dejar una institución profesionalizada y tecnificada, capaz de reducir la impunidad.

Su meta, dijo, es consolidar un sistema judicial que no solo sancione, sino que también recupere lo robado al Estado, marcando un impacto directo y medible en la lucha contra la corrupción