Ministerio Público pide prisión preventiva

Santo Domingo. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá el próximo miércoles la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra John Lariel Báez Álvarez (John 42), acusado de herir de gravedad a una niña de 9 años durante un tiroteo ocurrido en el sector El Matadero de Capotillo, en el Distrito Nacional, tras una discusión por una apuesta en un “juego de betas”.

De acuerdo con el informe médico, la bala impactó la parte baja de la espalda de la menor y afectó su médula espinal, por lo que existe una alta probabilidad de que quede sin movilidad en sus piernas.

Báez Álvarez fue arrestado el pasado jueves 30 de octubre luego de entregarse ante el Ministerio Público.

Relato acusatorio

Según la investigación del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional, el hecho ocurrió el 29 de octubre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en la calle Respaldo 16, esquina calle 42 del referido sector.

Báez Álvarez habría disparado un arma de fuego, impactando a la menor en la espalda y provocándole una lesión medular.

El Ministerio Público detalla que el incidente se originó tras una discusión por una apuesta entre el padre del imputado, Juan Pablo Báez (Juan Pablo Sport), y varios hombres, identificados por los alias de Jimmy, Panchito y Enyer, quienes tras perder la apuesta regresaron al lugar armados con cuchillos.

Durante el altercado, Juan Pablo Báez tomó un machete, mientras que su hijo, John Lariel, fue a su residencia, tomó una pistola y realizó el disparo que alcanzó a la niña.

De acuerdo con el certificado médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la víctima sufrió daños graves en la médula espinal.

El arma utilizada, una pistola marca Super, calibre 9mm, fue entregada a las autoridades por el propio padre del imputado.

La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva al considerar que el hecho reviste alta gravedad y que el acusado representa un peligro de fuga, lo que podría poner en riesgo el proceso judicial.