A solo 12 días del cierre de la presente legislatura, el Congreso Nacional enfrenta una de las mayores presiones de los últimos años para sacar adelante tres proyectos considerados estratégicos para el país: la modificación del nuevo Código Penal (Ley 74-25), la reforma al Código de Trabajo (Ley 16-92) y los cambios a la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16).

Aunque las tres iniciativas han sido reclamadas por distintos sectores de la sociedad durante meses e incluso años, los proyectos permanecen sin aprobación definitiva y ahora deberán superar en pocas semanas un proceso legislativo que normalmente toma meses.

La urgencia responde a que el nuevo Código Penal comenzará a aplicarse el 3 de agosto, mientras que las reformas laboral y policial podrían perimir el 26 de julio si no concluyen su trámite congresual.

La reforma policial volvió al centro del debate

La muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida en Herrera durante un incidente con un agente policial, reactivó el interés público por la reforma de la Policía Nacional.

El proyecto permanecía prácticamente estancado en el Senado desde diciembre de 2025, cuando fue sometido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, tras el caso, los senadores aprobaron la iniciativa en primera lectura y convocaron una sesión extraordinaria para conocerla en segunda discusión.

Aun así, la propuesta deberá ser conocida posteriormente por la Cámara de Diputados, donde todavía tendría que pasar por comisión antes de su aprobación definitiva.

Entre los principales cambios que incorpora la iniciativa figuran nuevos protocolos de patrullaje, el fortalecimiento de la formación académica de los agentes, mayores controles internos, un régimen disciplinario más riguroso, reglas para los registros policiales y una reorganización institucional de la carrera policial.

Asimismo, establece tres categorías dentro de la institución: directiva, intermedia y agente patrullero.

Código Penal: artículos bajo revisión antes de su entrada en vigencia

Mientras tanto, la Cámara de Diputados mantiene abierto un proceso para recibir observaciones sobre diversos artículos del nuevo Código Penal que han generado cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, gremios profesionales y otros sectores.

Las principales críticas se concentran en disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, la difamación, la injuria, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aspectos vinculados al ejercicio profesional de los médicos.

Entre los artículos más debatidos figuran los 310 y 311, relativos al ultraje; los 208 y 210, sobre difamación e injuria; el 315, referente a la libertad de expresión; además de los artículos 8, 9, 12 y 354, entre otros.

El período para presentar observaciones concluye este 15 de julio, tras lo cual una comisión bicameral analizará las propuestas antes de recomendar posibles modificaciones.

La comisión está presidida por el diputado Wandy Batista y tiene como vicepresidenta a la senadora Mercedes Ortiz, quienes deberán estudiar los proyectos sometidos y determinar si existen contradicciones con la Constitución.

Los legisladores incluso han planteado la posibilidad de ampliar la vacatio legis, es decir, posponer la entrada en vigor de la ley si el proceso de revisión no concluye antes del 3 de agosto.

El nuevo Código Penal incorpora más de 70 nuevos tipos penales, endurece las sanciones para diversas conductas delictivas y sustituirá finalmente la legislación inspirada en el Código Penal francés de 1810, vigente en el país desde hace más de dos siglos.

Reforma laboral sigue sin consenso

La situación de la reforma al Código de Trabajo también continúa sin definirse.

Aunque el presidente Luis Abinader llamó hace varias semanas a representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores a retomar el diálogo para alcanzar un consenso, las diferencias entre los sectores impiden avanzar.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió recientemente que permitir que la iniciativa vuelva a perimir representaría un «fracaso» para el Congreso, especialmente para la Cámara de Diputados, donde el proyecto permanece en estudio.

Actualmente, la iniciativa continúa en la Comisión Permanente de Trabajo con un plazo ordinario de 30 días, otorgado para facilitar nuevas negociaciones entre los sectores involucrados.

Un Congreso bajo presión

Con el calendario legislativo avanzando rápidamente, el Congreso Nacional enfrenta el desafío de definir en pocas semanas tres reformas que afectan áreas sensibles como la seguridad ciudadana, la justicia penal y las relaciones laborales.

Si las iniciativas no logran superar el proceso legislativo antes del cierre de la legislatura, tanto la reforma policial como la laboral podrían caducar, mientras que el nuevo Código Penal podría comenzar a aplicarse con artículos que todavía generan controversia entre diversos sectores de la sociedad.