Santo Domingo.– Los comunitarios de La Cuaba, en el municipio Pedro Brand, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo ante la iniciativa de construir una planta para el tratamiento de residuos en esa zona, un proyecto impulsado por la empresa Relleno Sanitario Oakhouse.

Los comunitarios aseguran que su principal preocupación es el posible impacto ambiental que podría generar la obra, especialmente sobre las fuentes de agua y los recursos naturales de la comunidad. Por esa razón, acudieron a la institución para solicitar que medie entre las partes involucradas.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, confirmó que este martes sostuvo un encuentro con residentes de La Cuaba para escuchar sus inquietudes y conocer de primera mano la situación relacionada con el proyecto.

Según explicó, en esta etapa la institución iniciará un proceso de diálogo para determinar la realidad del conflicto y evaluar si es posible mediar entre las partes.

Lo que nos corresponde ahora es escuchar a todos para ver de qué manera podemos crear una mesa de discusión y de diálogo para ver cómo el conflicto puede ser limitado y, a partir de ese momento, poder hacer un proceso de mediación si fuese oportuno», expresó Ulloa.

¿Qué busca hacer el Defensor del Pueblo?

Ulloa indicó que la institución trabaja primero en contactar a los comunitarios para establecer una posición respecto al tema, después a la empresa promotora del proyecto, además de coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y cualquier otra entidad que tenga participación en el proceso.

El objetivo, explicó, es reunir a todos los actores involucrados para construir una solución basada en el diálogo y generar confianza entre las partes.

El Defensor del Pueblo recordó que la institución ha participado anteriormente en procesos de mediación en conflictos ambientales y sociales, como ocurrió en Cotuí con el caso de Barrick Gold, así como en otras comunidades del país.

¿Qué aspectos serán evaluados?

Además de escuchar las posiciones de quienes apoyan y de quienes rechazan el proyecto, la institución informó que realizará un análisis de la documentación relacionada con la iniciativa.

Entre los aspectos que serán revisados figuran la situación legal de los terrenos donde se pretende construir la planta, los permisos otorgados por las autoridades competentes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación ambiental.

Ulloa sostuvo que el propósito es evaluar el caso de manera integral, tomando en cuenta tanto el marco legal como las preocupaciones de la comunidad, antes de promover una mesa formal de trabajo que permita buscar una salida al conflicto.