Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público actúa con firmeza para que todas las personas vinculadas al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenten consecuencias ejemplares conforme a lo establecido por la ley, y rechazó de manera tajante que existan acuerdos, negociaciones o tratos especiales a favor de los imputados.

Reynoso subrayó que las investigaciones siguen su curso con total transparencia y estricto apego al marco legal, sin ningún tipo de concesiones, y aseguró que el proceso se desarrolla con seriedad dada la magnitud de los hechos que se investigan.

La magistrada indicó que, por la complejidad del expediente, no se descarta que se produzcan nuevas detenciones dentro de un plazo razonable, aunque precisó que no puede adelantar fechas concretas.

Respecto a los alegatos relacionados con la salud de algunos imputados, reiteró que no existe documentación médica que certifique que Santiago Hazim esté impedido de comparecer ante la justicia. En ese sentido, repitió que quien tuvo condiciones para afectar recursos del Estado debe asumir también la responsabilidad de responder ante los tribunales.

En cuanto a las medidas de coerción dictadas en el proceso conocido como Operación Boca, aclaró que el Ministerio Público no ha pactado acuerdos de culpabilidad ni ha concedido criterios de oportunidad a ninguno de los diez encartados.

Reynoso recordó que las medidas de coerción no constituyen penas anticipadas, sino herramientas procesales destinadas a garantizar el desarrollo adecuado de la investigación.

Finalmente, destacó la labor del equipo investigador, señalando que la solidez del trabajo fue valorada positivamente por el tribunal. Aseguró que el órgano persecutor mantiene la convicción de que los imputados deben responder penalmente por hechos que, según afirmó, afectaron a más de siete millones de afiliados y al conjunto de la sociedad dominicana.