El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por su presidente Trajano Vidal Potentini, interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo 310 del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica núm. 74-25.

El gremio solicita la expulsión total de la norma por considerar que vulnera la libertad de expresión, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal.

El artículo cuestionado en Código Penal sanciona con prisión de 15 días a 1 año y multas de uno a dos salarios mínimos a quienes profieran “expresiones ofensivas, intimidatorias o amenazantes” o realicen “gestos o actos de igual naturaleza” contra jueces, fiscales, alguaciles, secretarios o peritos, cuando sean idóneos para “menoscabar gravemente la dignidad de la función de impartir justicia” o perturbar el proceso.

Articulo

El CARD advierte que la ambigüedad de términos como “expresiones ofensivas” puede criminalizar críticas severas, recusaciones, denuncias de irregularidades o cuestionamientos legítimos, generando un efecto inhibidor que debilita el ejercicio profesional de la abogacía y la defensa técnica de los ciudadanos.

Asimismo, sostiene que la tipificación penal reintroduce el desacato al blindar a los funcionarios judiciales frente a la crítica, contrariando precedentes jurisprudenciales y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También señala incoherencias en el test de igualdad, ya que el tipo penal protege a jueces, fiscales y peritos, pero excluye al abogado defensor, debilitando su rol garantista dentro del proceso.

Las peticiones principales incluyen la nulidad total del artículo 310 por sus vicios de vaguedad y desproporcionalidad, la nulidad parcial en caso de no anularse por completo, eliminando las palabras “ofensivas”, “gestos o actos de igual naturaleza” y la frase “menoscabar gravemente la dignidad de la función de impartir justicia”, y la suspensión inmediata y provisional de la ejecución de la norma hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo definitivo