Santo Domingo. El empresario Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el denominado caso Antipulpo, contrató una nueva representante legal de cara al conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que lo condenó a siete años de prisión.

La abogada Wendy Lora asumirá la defensa en sustitución de Richard Martínez, quien lo representó durante el juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

No es la primera modificación en el equipo jurídico del encartado. En las etapas iniciales del proceso, medida de coerción y parte del juicio preliminar, estuvo asistido por el abogado Carlos Salcedo, quien posteriormente se retiró alegando razones profesionales.

Lora tuvo participación previa en el expediente al representar a Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper y hermana del principal acusado, quien fue descargada por el tribunal que conoció el juicio de fondo.

Aunque los recursos de apelación fueron depositados entre el 30 de enero y el 5 de febrero, aún no han sido remitidos a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Una vez recibidos, el presidente de esa instancia, Julio César Cano Alfau, deberá realizar un sorteo aleatorio para asignar el caso a una de las tres salas que conforman la Corte.

En esa etapa se conocerán tanto el recurso interpuesto por Medina y sus empresas como las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y otros sentenciados.

Condena y apelaciones

El tribunal que dictó la sentencia, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Castillo, halló culpable a Medina de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Además de la pena de siete años de prisión, se les impuso una multa equivalente a 150 salarios mínimos y el decomiso de bienes a favor del Estado.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) también apeló la decisión, al considerar que la sanción no se corresponde con la magnitud del perjuicio atribuido. El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión, alegando que el entramado habría defraudado al Estado con más de cinco mil millones de pesos entre 2012 y 2020.

El órgano acusador recurrió, además, las sentencias y descargos de otros implicados, en un proceso que continúa generando expectativa pública y que ahora entra en una nueva etapa judicial ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional.