Este viernes entra en vigencia la aplicación del 0.20 % a las transferencias bancarias electrónicas, medida contemplada en la recién promulgada Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico y simplificación fiscal. La disposición ha generado dudas entre los usuarios del sistema financiero, especialmente sobre si impactará las ayudas sociales que ofrece el Gobierno.

La Ley 30-26 establece que el impuesto se aplicará a la emisión y pago de cheques, así como a las transferencias electrónicas hacia cuentas de terceros, incluyendo pagos de préstamos, tarjetas de crédito y retiros de efectivo realizados por terceros. Con esta modificación, la tasa pasa de 0.15 % a 0.20 %, lo que representa un incremento en el costo de las operaciones electrónicas.

No obstante, el mismo artículo contempla excepciones: el cargo no se aplicará a transferencias entre cuentas del mismo titular, pagos y transferencias dirigidos al Estado, la seguridad social o fondos de pensiones, ni a retiros de efectivo realizados directamente por el propietario de la cuenta. También quedan exentas las transferencias internacionales hacia cuentas del mismo titular, siempre que sean certificadas por la entidad bancaria.

En el caso de los programas sociales, como el Bono Gas y otros subsidios, los beneficiarios no realizan transferencias electrónicas, sino que retiran productos o consumen directamente mediante dispositivos habilitados en comercios y estaciones de servicio. Por tanto, el nuevo cargo no afectará los montos de los subsidios, garantizando que los ciudadanos reciban íntegros los beneficios otorgados por el Gobierno.

La medida, impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), busca ampliar la base tributaria y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, especialistas como Winston Marte advierten que podría desincentivar el uso de transferencias digitales en operaciones cotidianas, en momentos en que el país procura avanzar hacia la modernización financiera.