El informe ENHOGAR-MICS 2025 expone una de las brechas más persistentes en el país: solo el 68% de los hogares rurales cuentan con acceso seguro a agua potable, frente al 92% registrado en áreas urbanas. Esta diferencia refleja la desigualdad territorial en infraestructura básica y plantea riesgos directos para la salud de miles de familias que dependen de pozos artesanales, ríos o fuentes no tratadas.
El estudio advierte que la falta de sistemas de distribución confiables incrementa la incidencia de enfermedades gastrointestinales y afecta especialmente a niños menores de cinco años. En comunidades del sur profundo y la frontera, el acceso seguro se reduce incluso por debajo del 60%, lo que evidencia la urgencia de políticas públicas más focalizadas.
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reconoció que la cobertura rural avanza lentamente, pese a proyectos de acueductos comunitarios en ejecución. Organismos internacionales como el Banco Mundial y UNICEF han recomendado acelerar la inversión en infraestructura hídrica y fortalecer la vigilancia de calidad del agua, para garantizar que el líquido que llega a los hogares cumpla con estándares de seguridad.
La encuesta también revela que las mujeres son las principales responsables de acarrear agua en comunidades sin servicio regular, lo que impacta en su tiempo disponible para educación y trabajo remunerado. @Julio Á. Vargas J.