Durante tres años, desde los 15 hasta los 19, un joven dominicano se convirtió en pieza clave de una red de tráfico humano que operaba en la frontera con Haití. Su testimonio revela un esquema profundo, organizado y sostenido por la complicidad de militares y autoridades migratorias, según afirma, donde el paso de indocumentados se negociaba a cambio de sobornos y silencios comprados.

“Pasé miles de personas”, confiesa. “Yo era el potea, el que hablaba creole y servía de puente entre el lado haitiano y el dominicano”. Su relato desnuda la mecánica del contrabando humano: llamadas desde Haití anunciando grupos de inmigrantes, acuerdos económicos por cabeza —a veces hasta 3,000 pesos por persona— y pagos directos a militares para permitir el paso.

“Había que darles 10 o 15 mil pesos por grupo. Si no se les paga, no hay paso”, asegura. Por las noches, los grupos eran guiados a pie monte adentro, escondiéndose en casas vacías o en la maleza si el riesgo de ser interceptados era alto. Luego, eran transportados en motocicletas y entregados en refugios temporales hasta coordinar su traslado final.

La situación, sin embargo, ha cambiado. Según él, ahora ya no son jóvenes civiles los que dominan la operación: “Ese negocio está en manos de los militares, específicamente de Migración. Cargan haitianos en sus propias guaguas, y nadie los para”.

En su testimonio, el joven —quien dice haberse retirado del negocio por presión de su familia— admite que lo que comenzó como un modo de subsistencia terminó siendo parte de un problema nacional: “Me arrepiento. Ayudé a crear esta haitianización que vemos. Pido disculpas. Estuve cegado por la necesidad y el dinero”.

Afirma que llegó a ganar más de cien mil pesos mensuales, pero casi todo se derrochaba: “No hay madurez. Se gasta hoy, porque mañana viene más”.

Hoy, su mensaje es claro: “Esto no se va a acabar, porque está en manos de los grandes. La población dominicana debe estar alerta: el tráfico de haitianos no es un crimen callejero, es un negocio de alto nivel”.

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