El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura de una página web oficial, TrumpCard.gov, en la que interesados pueden inscribirse en una lista de espera para acceder a una visa de residencia a cambio de una inversión de cinco millones de dólares. La propuesta, presentada como una forma de atraer generadores de empleo y reducir el déficit nacional, aún no cuenta con un mecanismo legal operativo ni está disponible oficialmente, aunque ya se recibe información de potenciales solicitantes.

La plataforma, inaugurada este miércoles, permite ingresar datos como nombre, país de procedencia y correo electrónico, bajo un mensaje que anticipa que “la Trump Card vendrá pronto”. No se ofrece información detallada sobre requisitos, proceso migratorio, plazos, ni bases jurídicas de esta visa.

La idea había sido anticipada por Trump semanas antes, cuando a bordo del Air Force One mostró un prototipo dorado del documento que llevaría su rostro. En ese momento prometió que estaría listo en “menos de dos semanas”, y sugirió que se podrían vender hasta un millón de estas visas, sin excluir a oligarcas rusos como beneficiarios.

Un esquema de residencia sin precedentes

La propuesta plantea implicaciones significativas tanto en términos de política migratoria como de gobernanza institucional. Nunca antes una visa de residencia permanente había sido promovida como un producto comercial desde una figura presidencial sin pasar por el debido proceso legislativo.

Trump sostiene que esta visa servirá como vía hacia la ciudadanía estadounidense para quienes inviertan grandes sumas, argumentando que atraerá capital y empleo al país. Sin embargo, la medida contrasta con el endurecimiento simultáneo de sus políticas migratorias, incluyendo redadas y deportaciones masivas, que han generado protestas, demandas y denuncias de violaciones de derechos humanos.

¿Negocio, política o provocación?

El hecho de que la visa aún no esté habilitada, sumado al registro de interesados en un dominio estatal sin legislación que respalde el plan, levanta interrogantes sobre la legalidad y seriedad de la propuesta. El uso del sello presidencial, una web oficial y la imagen personal de Trump como marca refuerza la dimensión política y simbólica de la medida, más allá de su posible implementación real.

De momento, la iniciativa parece buscar posicionamiento político ante un electorado afín, enviando un doble mensaje: la puerta está cerrada para inmigrantes sin recursos, pero abierta para quienes puedan pagar por ella. Una apuesta polémica que pone en el centro del debate el papel del dinero en el acceso a los derechos migratorios y la construcción de ciudadanía en EE.UU.