Tres años del régimen de excepción en El Salvador: 66.8 % de aprobación
Salvador. A tres años de su implementación, el régimen de excepción promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene un 66.8 % de aprobación entre los salvadoreños, según reveló una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop).
El estudio otorga una nota promedio de 6.3 (en una escala de 0 a 10) a esta medida, a pesar de las críticas internacionales y denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes bajo custodia estatal.
La directora del Iudop, Iliana Álvarez, destacó que aunque la medida sigue siendo bien valorada, un 37.4 % de los encuestados considera necesario buscar otras soluciones frente a la violencia y la delincuencia.
Desde su aprobación en marzo de 2022, el régimen ha permitido la captura de más de 85,900 supuestos pandilleros o personas ligadas a estas estructuras, tras una ola de asesinatos que dejó más de 80 víctimas en un solo fin de semana.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado el régimen como una «herramienta» para silenciar voces críticas, mientras que analistas advierten que se ha transformado en un mecanismo de control social permanente, más allá de su carácter excepcional.
Sobre el Régimen de Excepción
El artículo 1 del decreto establecido en 2022 por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa del país, establece que: «Este decreto tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial».
Este mantiene suspendidas varias garantías constitucionales, incluyendo la prolongación del período de detención provisional, que pasa de 72 horas a 15 días, y la intervención de comunicaciones sin orden judicial, según lo establece el decreto leído durante la sesión plenaria.
Esta herramienta legal fue implementada tras un repunte extremo de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día, a solicitud del Ejecutivo.
Desde entonces, las autoridades reportan que la medida ha permitido la detención de aproximadamente 87,000 personas, así como la incautación de más de 4,500 armas de fuego, mil 451 vehículos y más de 21,600 teléfonos celulares en el marco de operativos contra las pandillas y estructuras criminales.
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