Santo Domingo, RD. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, envió para su discusión y revisión a una comisión especial híbrida la iniciativa del Poder Ejecutivo denominada Proyecto de Ley Orgánica que fusiona el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Se recuerda que el pasado 11 de diciembre, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó mediante una nota de prensa que fue depositado en el Senado de la República el proyecto de ley orgánica que dispone la fusión MESCyT–MINERD, una iniciativa orientada a la reorganización del Sistema Educativo Nacional mediante la integración orgánica de ambas instituciones.

El proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior, respetando la autonomía universitaria. La propuesta procura modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.

Entre las principales novedades del proyecto se destacan:

• La supresión del MESCyT, transfiriendo al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.
• La creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al MINERD en la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas educativas.
• La actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, mediante la consolidación de viceministerios y funciones orientadas a los servicios operativos, la gestión territorial, el fortalecimiento del sector educativo, la educación superior y el aseguramiento de la calidad.
• La implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye la reubicación del personal, la transferencia de activos, la adecuación presupuestaria y la elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del MINERD.
• La declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato de presentar, en un plazo de 12 meses, propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.