Un dominicano identificado como Juan Carlos Ávila Espaillat y quien combate como mercenario para Rusia en la guerra con Ucrania, se ha viralizado en redes sociales, luego de que colgara algunos videos en los que muestra las supuestas interioridades del conflicto.

Ávila Espaillat se muestra sonriendo en algunos de los audiovisuales, mientras afirma haber participado en la ejecución de cinco militares ucranianos, durante un operativo de extracción de soldados rusos atrapados.

El supuesto mercenario denuncia escases de alimentos y temperaturas heladas en el frente de combate, lo que ha dificultado el conflicto, mientras confirmó la baja de algunos soldados moscovitas.

Dominicanos en Rusia

A inicios de año, el Comité Dominicano de Derechos Humanos denunció el presunto reclutamiento engañoso de unos 150 dominicanos, quienes fueron atraídos con ofertas para desempeñarse como camareros, mecánicos, soldados, choferes y personal de apoyo logístico.

Sin embargo, según la organización sin fines de lucro, una vez entraron a territorio ruso, sus pasaportes fueron incautados y enviados a la línea del frente de batalla, según denuncian algunos familiares de las víctimas.

El conflicto ha dejado cerca de dos millones de bajas militares desde febrero de 2022, con estimaciones que señalan entre 1,2 y 1,5 millones de bajas en el lado ruso y alrededor de 600 mil en el ucraniano.

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Estas cifras convierten la guerra en el enfrentamiento más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con condiciones extremas en el frente de batalla y un uso intensivo de drones y bombardeos que incrementan el riesgo para los combatientes.

En América Latina también se han registrado denuncias de reclutamiento engañoso, especialmente en Perú, donde al menos 459 ciudadanos fueron captados con promesas de salarios elevados, bonos de ingreso y ciudadanía rusa.

En realidad, fueron enviados al frente de combate, con un saldo de 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 27 repatriados.

Organizaciones de derechos humanos advierten que estas prácticas se extienden a otros países como Colombia, Cuba y Brasil, y constituyen un patrón de explotación que aprovecha la vulnerabilidad económica de los reclutados.