La solicitud de medida de coerción fue presentada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y exmiembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

También figura como imputada Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida. Asimismo, las autoridades incluyeron en el expediente a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas personas habrían participado en diferentes maniobras destinadas a desviar recursos que originalmente estaban destinados a la atención médica de pacientes diagnosticados con cáncer.

La investigación también involucra a personas físicas y jurídicas que, según las autoridades, habrían servido de apoyo para ejecutar operaciones financieras y administrativas presuntamente fraudulentas.

¿Cómo habría operado la supuesta estructura fraudulenta?

Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la variedad de mecanismos que, según los investigadores, fueron utilizados para obtener recursos de manera irregular.

El Ministerio Público sostiene que se produjeron fraudes clínicos y farmacéuticos mediante alteraciones de indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsificados, doble facturación al Seguro Nacional de Salud y entrega parcial de medicamentos a pacientes.

Las investigaciones también apuntan a la presunta venta de medicamentos que habían sido donados gratuitamente, el uso indebido de exoneraciones fiscales, operaciones relacionadas con sustancias controladas y otras prácticas que habrían afectado directamente los recursos destinados a tratamientos oncológicos.

Según la acusación, las maniobras se extendieron durante varios años y permitieron la extracción sistemática de fondos públicos vinculados a la cobertura de salud de pacientes del régimen subsidiado.

¿Qué otros delitos investiga el Ministerio Público?

Además del supuesto fraude financiero, el expediente incluye acusaciones relacionadas con lavado de activos, asociación de malhechores y delitos tecnológicos.

Las autoridades afirman haber identificado indicios de sabotaje digital, robo de archivos institucionales y acceso ilícito a sistemas informáticos. También investigan presuntos reembolsos irregulares de viajes, hoteles y gastos de representación.

Otro elemento que llama la atención dentro de la investigación es la alegada utilización de espacios del instituto para la realización de procedimientos estéticos ajenos a la misión principal del centro médico.

Estas acusaciones forman parte del conjunto de hechos que llevaron a las autoridades a considerar que se trata de una organización estructurada y no de acciones aisladas.

¿Por qué el caso podría ser declarado complejo?

El Ministerio Público pidió formalmente que el proceso sea declarado de tramitación compleja, una figura legal utilizada cuando existen numerosos hechos, múltiples imputados o una gran cantidad de pruebas que requieren un tiempo mayor de investigación y litigación.

La solicitud se fundamenta en el volumen de documentación recopilada, los allanamientos realizados, la cantidad de movimientos financieros investigados y la participación de varias personas y entidades.

Durante la Operación Onco14 fueron ocupados dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, documentos financieros, vehículos, títulos de propiedad y otros elementos que ahora forman parte de las evidencias del proceso.

Si el tribunal acoge la petición, el Ministerio Público dispondrá de un plazo más amplio para profundizar las investigaciones y presentar la acusación formal.

¿Por qué este caso genera tanta preocupación pública?

La sensibilidad del caso radica en que los fondos investigados estaban destinados a la atención de pacientes con cáncer, una población considerada especialmente vulnerable.

El Instituto Oncológico Regional del Cibao es una de las principales entidades de atención oncológica del país y durante décadas ha prestado servicios a pacientes de toda la región norte. Por ello, cualquier señalamiento relacionado con el manejo de recursos destinados a tratamientos médicos genera un fuerte impacto social.

Mientras el proceso avanza en los tribunales, las autoridades deberán demostrar las acusaciones contenidas en el expediente, mientras que los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.