Santo Domingo. DN: República Dominicana ha logrado algo que hace apenas unos años parecía cuesta arriba: reducir la pobreza hasta 14.9 %, una cifra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, según datos de 2024 de la CEPAL. Es un avance que habla de crecimiento económico, de dinamismo, de capacidad de levantarse.

Pero hay una pregunta que incomoda y que, al mismo tiempo, orienta: ¿qué pasa con ese 14.9 % que todavía queda atrás?

Rita Sciarra, líder del equipo de Crecimiento Inclusivo del PNUD para América Latina y el Caribe, lo dice sin rodeos: ´´el país tiene la voluntad de duplicar su Producto Interno Bruto hacia 2036, pero ese crecimiento no puede caminar solo. Necesita una mirada humana, una que no deje a nadie fuera del mapa. ´´ Y ahí entra la protección social. No como simple transferencia monetaria. No como asistencia pasajera. Sino como un sistema integrado que mire el cambio climático, la transición demográfica, el empleo, los cuidados, la digitalización y la resiliencia ante desastres. Porque en un país expuesto a huracanes, crisis y choques económicos, proteger no es un lujo: es una estrategia de desarrollo.

Financiar el desarrollo con enfoque humano

Hablar de financiación para el desarrollo no es hablar únicamente de dinero. Es hablar de hacia dónde va ese dinero y con qué intención.

Para Sciarra, se trata de movilizar recursos públicos y privados para construir prosperidad inclusiva y sostenible. En un país como República Dominicana, que enfrenta recurrentemente desastres naturales y crisis, el desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico. Debe incorporar sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad.

El financiamiento, explica, tiene que alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Eso implica revisar cómo se gasta el presupuesto público, si responde a la visión de desarrollo nacional y si puede ser más eficiente. También implica mirar los ingresos: flujos financieros, reformas fiscales redistributivas y estrategias que permitan que el crecimiento tenga un impacto real en la reducción de la pobreza.

Después del COVID-19, la región enfrenta restricciones fiscales importantes. Las demandas sociales crecieron, pero los recursos son más limitados. Por eso, el desafío no es solo recaudar más, sino gastar mejor y priorizar con claridad.

Herramientas como las Estrategias Nacionales de Financiamiento Integrado (INFF) funcionan como una radiografía del sistema financiero del país. Permiten identificar recursos y orientarlos hacia áreas prioritarias, como la protección social o el cambio climático. Incluso se pueden diseñar mecanismos específicos, como bonos sociales, para impulsar agendas concretas.

Protección social: más que asistencia, una salida sostenible

Cuando se habla de protección social, muchas veces se piensa únicamente en subsidios. Pero la definición es mucho más amplia.

Se trata de un conjunto de programas y políticas que protegen a los más vulnerables para sacarlos de la pobreza. Sin embargo, Sciarra insiste en algo esencial: proteger no es suficiente si no se crean las condiciones para que las personas no vuelvan a caer.

Eso implica conectar la protección social con políticas de empleo, formación y oportunidades productivas. Implica pensar en sistemas de cuidado, clave en una región donde las mujeres siguen cargando con el peso del trabajo no remunerado y en mecanismos adaptativos frente a crisis.

En una región marcada por huracanes y fenómenos extremos, la protección social también debe ser resiliente. Hoy existen herramientas que permiten anticiparse: seguros paramétricos, microseguros, transferencias anticipadas antes de que ocurra un desastre. Gracias a la digitalización y la georreferenciación, es posible identificar hogares vulnerables y responder por barrio, por cuadra, casi en tiempo real.

La experiencia de Colombia durante la pandemia, al utilizar mapas de pobreza multidimensional georreferenciados, demuestra que la tecnología puede marcar la diferencia entre una respuesta tardía y una intervención oportuna.

La digitalización, además, aporta transparencia y eficiencia. Saber quién es el beneficiario, en qué etapa de su vida se encuentra y qué tipo de apoyo necesita permite diseñar políticas más inteligentes y sostenibles.

Tendencias que no se pueden ignorar

En el Caribe y América Latina, tres grandes tendencias están redefiniendo la protección social.

La primera es el cambio climático. No se puede diseñar política social sin considerar la exposición constante a fenómenos extremos.

La segunda es la transición demográfica. La región envejece rápidamente. Y mientras tanto, los niños y niñas siguen siendo proporcionalmente más pobres que los adultos mayores. Esos mismos niños serán quienes sostengan los sistemas de pensiones en el futuro. Ignorar esta realidad sería hipotecar el mañana.

La tercera es la digitalización. Invertir en sistemas digitales no es un gasto tecnológico: es invertir en desarrollo, en rapidez, en transparencia y en capacidad de respuesta.

Proteger y crear oportunidades

Desde el nuevo plan estratégico del PNUD, la prosperidad se sostiene en dos pilares inseparables: proteger a los más vulnerables y crear oportunidades.

Proteger implica medir bien la pobreza, garantizar acceso a servicios básicos, desde salud hasta justicia y fortalecer sistemas inclusivos que integren cambio climático, cuidados y resiliencia.

Crear oportunidades significa impulsar empleo, analizar capacidades, priorizar sectores estratégicos e incentivar inversiones de impacto que consideren no solo rentabilidad económica, sino también sostenibilidad ambiental y justicia social.

El crecimiento económico, entonces, no es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Y su calidad se mide en cuántas vidas transforma.

La decisión de no dejar a nadie atrás

República Dominicana ha avanzado. Ha reducido pobreza. Tiene una visión clara hacia 2036. Pero el desafío es sostener ese camino sin que el crecimiento amplíe brechas.

Ese 14.9 % no es un número. Son personas. Son hogares. Son historias.

Invertir en protección social y en financiamiento con enfoque de desarrollo humano no es caridad ni asistencialismo. Es una apuesta estratégica para que el país crezca con cohesión, con resiliencia y con dignidad.

Porque al final, el verdadero progreso no se mide solo en el tamaño del PIB, sino en la capacidad de una sociedad para proteger a los suyos y, luego, darles las herramientas para prosperar por sí mismos.