Santo Domingo. El Ministerio Público busca que diez militares y civiles implicados en la “Operación Lobo” sean enviados a prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción. Además, solicita que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de las pruebas recolectadas y a la gravedad de los hechos atribuidos a los acusados.

El objetivo principal del Ministerio Público es garantizar que los imputados no evadan la justicia ni interfieran en el proceso de investigación.

Según argumenta el órgano acusador, al tratarse de una estructura organizada y con acceso a recursos, existe un alto riesgo de fuga y de destrucción de evidencias si los involucrados permanecen en libertad.

En la solicitud de medida de coerción, que supera las 450 páginas, se detallan las pruebas documentales, testimoniales y periciales que sustentan la acusación contra los señalados. En total, más de 500 elementos de prueba respaldan la versión de que la red se dedicaba a gestionar sobornos para asegurar contratos de seguridad privada y mantener acuerdos comerciales con entidades estatales.

Entre los acusados están altos oficiales militares y policiales, como el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, varios coroneles y un empresario.

El Ministerio Público insiste en que la prisión preventiva es la única medida capaz de proteger el proceso judicial y asegurar el correcto desarrollo del caso, calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa actualmente en investigación.

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