Santo Domingo. DN: El abogado Cesar Amadeo Peralta advierte sobre las implicaciones del nuevo Código Penal dominicano (Ley 74-25), que entrará en vigencia el 6 de agosto de 2026, especialmente en lo relacionado con el delito de “ultraje” contra funcionarios públicos.

Según explica, el artículo 310 establece que serán sancionadas con penas de 15 días a un año de prisión, además de multas e indemnizaciones, las expresiones, gestos, escritos o cualquier forma de comunicación que atenten contra la dignidad de funcionarios o servidores públicos, incluso si no son públicas.

El jurista señala que la ley también contempla sanciones económicas, pago de daños y perjuicios, costas legales y posibles medidas complementarias como suspensión de licencias profesionales o cierre de empresas en ciertos casos.

Asimismo, advierte que la normativa impactará a medios de comunicación y ciudadanos, quienes deberán ser más cuidadosos con opiniones o comentarios dirigidos a autoridades públicas para evitar consecuencias legales.

El texto también detalla quiénes son considerados funcionarios o servidores públicos en la legislación, incluyendo autoridades electas, designadas, militares, empleados estatales y otras personas que ejerzan funciones públicas.

En conclusión, el autor considera que la nueva normativa representa un cambio significativo en el sistema penal del país y recomienda a la ciudadanía informarse para evitar sanciones.