Santo Domingo. — La entrada en vigencia del nuevo Código Penal a partir de agosto de 2026 marcará un antes y un después en la responsabilidad de los servidores públicos, especialmente en los procesos de contratación estatal, donde podrán enfrentar consecuencias penales directas por sus actuaciones.

Durante un taller organizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) junto a la World Compliance Association, expertos advirtieron que la nueva legislación amplía significativamente el alcance de las responsabilidades legales de los funcionarios, quienes podrán ser perseguidos penalmente por su participación en cualquier fase de los procesos de compras y contrataciones.

El especialista en cumplimiento y contratación pública, Babaji Cruz Peñaló, explicó que la normativa establece que los servidores públicos responderán no solo como autores, sino también como coautores o cómplices de irregularidades, lo que implica un mayor nivel de exigencia en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, señaló que el hecho de ostentar un cargo público constituirá una agravante en caso de sanción, lo que incrementa el riesgo legal para quienes incurran en faltas dentro de la administración.

“El funcionario debe asumir que sus decisiones pueden tener consecuencias penales. La prevención y el cumplimiento de la ley son esenciales para evitar responsabilidades”, enfatizó el experto.

El encuentro, centrado en la gestión de riesgos en la contratación pública, buscó precisamente reforzar la cultura de transparencia y control interno dentro de las instituciones estatales, en un contexto donde las nuevas disposiciones legales obligan a mayor rigor en la administración de los recursos públicos.

Autoridades de la Cámara de Cuentas destacaron que este tipo de iniciativas resultan clave para preparar a los servidores públicos ante el nuevo escenario legal, que demandará mayor responsabilidad, ética y apego a las normas en el ejercicio de la función pública.