Santo Domingo. – El Ministerio Público informó que se encuentra en fase de preparación de la denominada Operación Cobra 2.0, como parte del proceso judicial que investiga presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, calificó como histórica la decisión emitida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en relación con este proceso.

Camacho indicó que el magistrado describió los hechos imputados como una “locura colectiva”, llegando a compararlos con un “holocausto”, al valorar la magnitud de las irregularidades detectadas.

La noche de este domingo, la Oficina de Atención Permanente ordenó la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados, señalados por presuntas irregularidades administrativas durante la pasada gestión de Senasa. Asimismo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar el proceso como caso complejo.

En cuanto a los imputados que decidieron colaborar con la investigación, el juez dispuso medidas de coerción menos gravosas, consistentes en prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos.

De acuerdo con la decisión judicial, los hombres enviados a prisión preventiva cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que la única mujer enviada a prisión cumplirá la coerción en Najayo Mujeres, ambos ubicados en la provincia San Cristóbal.

Además de Santiago Hazim, fueron enviados a prisión preventiva Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto, a prisión domiciliaria fueron enviados Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, luego de que, según el Ministerio Público, admitieran haber recibido sobornos y aceptaran colaborar con la investigación.

Principales imputados y cargos señalados

El Ministerio Público señala a funcionarios, exfuncionarios y proveedores privados por su presunta participación en una estructura de corrupción y desvío de fondos públicos dentro de la ARS SeNaSa entre los años 2020 y 2025.

Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa, es identificado como el principal cabecilla de la red investigada. Se le imputan cargos de asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, soborno, falsificación de documentos y lavado de activos en su forma agravada. Según el órgano acusador, habría coordinado la manipulación de estados financieros y la contratación fraudulenta de servicios para desviar miles de millones de pesos.

Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa, es señalado como encargado operativo del subregistro sistemático de obligaciones financieras. Se le acusa de manipulación de registros contables, participación en esquemas de facturación y contratos fraudulentos, así como asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Germán Rafael Robles Quiñones, consejero jurídico de Senasa, está acusado de avalar y facilitar decisiones contrarias a la ley, además de participar en la asociación y coalición de funcionarios, estafa, soborno y lavado de activos.

Francisco Iván Minaya Pérez figura como miembro de la estructura investigada y enfrenta cargos por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos, vinculado a relaciones con empresas fachada y transacciones simuladas.

Cinty Acosta Sención, operadora de pagos a través de su empresa Nutri-Med Marine Alvarado SRL, es acusada de canalizar sobornos a funcionarios, participar en transacciones simuladas, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Rafael Luis Martínez Hazim es señalado por su presunta vinculación familiar y empresarial con el esquema. Se le acusa de asociación de malhechores, estafa y desfalco contra el Estado, a través de contratos y transacciones falsas. Su defensa niega vínculos familiares directos con Santiago Hazim.

Ramón Alan Speakler Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdomo figuran entre los imputados del caso Cobra, acusados de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa y lavado de activos, por su presunta participación en operaciones fraudulentas y vínculos con empresas fachada.

En el caso de Ada Ledesma Ubiera, el Ministerio Público la relaciona con empresas proveedoras del Estado que habrían recibido contratos o pagos por supuestos servicios o insumos médicos, como parte del entramado investigado para desviar fondos públicos o justificar pagos irregulares.

Tipos penales imputados

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados enfrentan más de 20 cargos penales, entre los que se destacan:

• Asociación de malhechores
• Corrupción administrativa
• Coalición de funcionarios
• Estafa contra el Estado dominicano
• Falsificación de documentos
• Soborno
• Lavado de activos en su forma agravada
• Desfalco
• Uso de códigos falsos de prestadores de servicios
• Manipulación de estados financieros y contabilidad interna para ocultar pérdidas