San Fernando (Trinidad y Tobago) (EFE).— Cuando la venezolana Julie Ramírez huyó de la persecución política en 2016, creyó haber encontrado refugio en Trinidad y Tobago. Casi una década después, a sus 70 años, vuelve a vivir con miedo: esta vez, al riesgo de ser deportada. Solicitante de asilo y trabajadora del sector de cuidados, explica que la ansiedad se ha extendido entre la comunidad migrante venezolana tras el aumento de los controles migratorios.

La preocupación también alcanza a Marannys Guerra, quien administra un bar y un pequeño salón de belleza en el sur del país. «Temo perder todo lo que he construido», afirma. El temor creció tras la filtración de un memorándum del pasado 27 de octubre, en el que el Ministerio de Seguridad Nacional ordena detener a todos los extranjeros indocumentados y mantenerlos en el Centro de Detención de Inmigrantes “hasta su repatriación”. El documento también señala que el Gobierno estudia implementar una deportación masiva de venezolanos, en un contexto de tensas relaciones con Caracas.

Desde la publicación del memorándum, los migrantes reportan una mayor presencia policial. Trinidad y Tobago permanece bajo estado de emergencia desde el 18 de julio para enfrentar una red criminal que presuntamente planeaba atentar contra altos funcionarios. La medida, prorrogada dos veces, otorga a la Policía y a las Fuerzas de Defensa facultades ampliadas para arrestar a sospechosos y entrar en propiedades sin orden judicial.

La tensión se refleja en episodios como la detención reciente de un taxi en Chaguanas con varios venezolanos a bordo, entre ellos la maestra Teresa Fernández, cuyo permiso de trabajo vence pronto. «Estamos aterrorizados. Ni siquiera podemos tomar un taxi sin preguntarnos si nos arrestarán», contó a EFE.

Trabajadores humanitarios, como Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine, confirman que muchos migrantes evitan incluso usar el transporte público por miedo a ser detenidos. La situación se agrava en medio del clima político, tras el atraque en Puerto España del destructor estadounidense USS Gravely, un hecho que tensó aún más las relaciones entre Trinidad y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro llegó a pedir al pueblo trinitense que impida que Estados Unidos “meta una guerra en el Caribe”.

A esta incertidumbre se suman las dificultades para renovar documentos. Ramnarine explica que la Oficina de Inmigración de San Fernando estuvo cerrada, lo que impidió a muchos migrantes actualizar sus permisos. «Tomarse un tiempo para renovar los documentos era casi imposible. Muchos dejaron que sus papeles caducaran», lamenta.

Los permisos de la mayoría de venezolanos registrados vencen el 31 de diciembre de 2025, pero el Gobierno trinitense solo planea renovar 727 de las 4.237 solicitudes. Entre quienes podrían quedar fuera está la propia Ramírez, cuyos documentos caducan en menos de dos meses. «Temo que me maten si regreso», dice, recordando que abandonó Venezuela después de que un grupo de chavistas destrozara su cafetería por su oposición al Gobierno.

El exjugador de baloncesto David Rojas, hoy operador de maquinaria pesada en un aserradero, también teme perder su estatus migratorio. “He construido una nueva vida aquí, y ahora me preocupa que todo desaparezca de la noche a la mañana”, expresa.

Por EFE