Lima.- Un juzgado peruano de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó el archivo definitivo de juicio por lavado de activos y organización criminal contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, proceso que había sido anulado hace un año, según una resolución compartida por su abogada Giuliana Loza.

La decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al ejecutar una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC), lo compartió Loza en su cuenta de la red social X con el comentario de que «no hubo lavado de activos ni organización criminal».

«El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal», afirmó la abogada de la líder del partido Fuerza Popular.

Según el fallo del juez Wilson Verastegui, difundido por la prensa local, el TC determinó que los hechos imputados en el denominado «caso Cócteles» carecen de contenido penal bajo el principio de legalidad.

De acuerdo al magistrado, la modalidad de «receptación patrimonial» considerada dentro del delito de lavado de activos se incorporó al ordenamiento jurídico el 26 de noviembre de 2016, razón por la cual no se puede imputar ese delito por los presuntos aportes irregulares a favor de Fuerza Popular en las campañas electorales de 2011 y 2016.

El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas no estaba vigente al momento de los hechos, acotó.

El archivo del proceso se extiende además a otros líderes del partido fujimorista como Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama y José Chlimper, además del partido Fuerza Popular.

La investigación que se adelantaba contra Fujimori

El juzgado decidió mantener las imputaciones por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Fujimori y otros miembros del partido, motivo por el cual devolvió el pedido fiscal para que se emita un nuevo pronunciamiento sobre estos cargos.

A la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) la investigaban por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, que la enfrentaba a una posible condena de 30 años de cárcel, pero hace un año la Corte Superior Nacional ordenó dejar sin efecto ese juicio y devolvió el caso a la etapa intermedia.

Recientemente, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia a favor de Fujimori que dejaba la acusación sin mayor recorrido, al mantener que la omisión de aportes recibidos para la campaña electoral en las declaraciones ante las autoridades de control no era delito en el momento de los hechos.

Fuente: EFE