La designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez como director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) fue impugnada este miércoles ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). El accionante, Dary Terrero, sostiene que el funcionario no reúne la experiencia técnica que, a su juicio, exige la Ley 63-17 para dirigir la institución.

La controversia por el nombramiento de Juan Manuel Méndez al frente del Intrant pasó este miércoles al terreno judicial, luego de que fuera formalizada una acción ante el Tribunal Superior Administrativo para cuestionar la legalidad de su designación.

La iniciativa fue presentada por Dary Terrero, quien se identifica como experto en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, acompañado de su abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez.

Terrero explicó que inicialmente el proceso estaba pautado para la 1:00 de la tarde, pero que el TSA le informó que podía presentar la acción de manera virtual, mecanismo que utilizó durante la mañana.

Ahora, según indicó, corresponde esperar que el tribunal fije la audiencia y conozca los argumentos planteados.

¿Por qué cuestionan la designación de Juan Manuel Méndez?

El principal argumento presentado por Terrero es que Méndez supuestamente no posee la experiencia técnica requerida para administrar una institución responsable del tránsito, la movilidad y la seguridad vial del país.

El accionante fundamenta su posición en el artículo 13 de la Ley 63-17, disposición que, según sostiene, establece requisitos vinculados con el conocimiento y experiencia necesarios para ocupar la dirección ejecutiva del Intrant.

Terrero considera que la designación es irregular precisamente porque, a su entender, la trayectoria profesional del mayor general retirado no corresponde con las competencias técnicas requeridas para esa función.

Estas afirmaciones forman parte de los argumentos del accionante y deberán ser valoradas por el tribunal dentro del proceso contencioso administrativo.

¿Qué busca la acción ante el Tribunal Superior Administrativo?

El objetivo del procedimiento es que el TSA examine jurídicamente la designación y determine si cumple o no con las disposiciones legales aplicables.

Terrero señaló que, después del depósito virtual de la acción, corresponde al tribunal fijar una audiencia y posteriormente adoptar una decisión.

El hecho de que la designación haya sido impugnada no significa que haya sido anulada ni que el tribunal haya determinado hasta el momento que exista una violación de la Ley 63-17.

Será el TSA el que deberá evaluar los argumentos y documentos sometidos por las partes.

Terrero advierte sobre consecuencias para el transporte

El accionante también expresó preocupación por las posibles consecuencias que, según su interpretación, tendría colocar al frente del Intrant a una persona que considera sin la preparación técnica necesaria.

“Sería muy cuesta arriba, sería muy pernicioso para su imagen y para que concluya sus días en el servicio público de manera negativa, simplemente porque él no tiene el conocimiento para administrar el tránsito, la seguridad vial y la movilidad en República Dominicana”, manifestó Terrero.

También sostuvo que, de mantenerse la designación en esas condiciones, podrían producirse dificultades en la gestión del transporte terrestre.

“Los más perjudicados vamos a ser los ciudadanos que tenemos que estar en la vía”, afirmó.

Sus declaraciones constituyen una valoración personal sobre la capacidad del funcionario y no una conclusión judicial sobre su idoneidad.