Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, designó este lunes a Geraldo Espinosa Pérez como nuevo contralor general de la República, mediante el Decreto núm. 84-26, como parte de una serie de cambios en áreas del Estado.

Espinosa Pérez es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de sistemas de control interno, gestión financiera y supervisión del gasto público.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo designó a Rafael Evaristo Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Santos Badía se desempeñaba como director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), además de técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU y poseedor de varios diplomados en áreas económicas, laborales y de relaciones internacionales.

Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, Santos Badía tiene una amplia trayectoria en el ámbito legislativo y educativo. Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha formado parte de órganos directivos del INFOTEP y del sistema de seguridad social magisterial. Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido condecorado con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Caballero.

La disposición presidencial deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.