Santo Domingo.- El 10 de febrero de 2022, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 64-22, con el que creó el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan), una iniciativa orientada a mejorar la infraestructura productiva, canalizar recursos técnicos y financieros, y diversificar la matriz económica de la provincia a través de cultivos de mayor valor, exportación, capital semilla y asistencia técnica.

Este lunes, el mandatario emitió los decretos 236-26 y 285-26 para establecer una nueva estructura de coordinación que garantice la continuidad de ese proyecto, con la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan y la designación de Carlos Alessandry Roa Howley como director ejecutivo, responsable de supervisar y ejecutar las acciones destinadas al desarrollo económico y social de la provincia.

Se recuerda que el Plan San Juan tiene como propósito fundamental transformar la economía de la región, promoviendo su desarrollo sostenible y maximizando el uso de sus recursos.

La Comisión para la Coordinación y Dirección del Plan San Juan estará presidida por el obispo de la Diócesis de San Juan e integrada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola de la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto del Tabaco y la Junta Agroempresarial Dominicana.

También la conforman la Gobernación Provincial; un representante de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de San Juan; representantes de las asociaciones de Productores Agrícolas, Ganaderos y Productores de Tabaco; el alcalde del municipio cabecera; un representante elegido entre los demás municipios; la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) y el director ejecutivo del Plan San Juan, quien fungirá como secretario con voz, pero sin voto.

La Comisión del Plan San Juan asume la responsabilidad de liderar la transformación económica regional a través de la aprobación estratégica de proyectos de infraestructura y acuerdos interinstitucionales, asegurando el cumplimiento de las normativas de contrataciones públicas.

Su labor se centra en diversificar la matriz productiva y coordinar la ejecución de obras clave como sistemas de riego, centros de acopio y naves en zonas francas, consideradas fundamentales para fortalecer la actividad económica local.

Además, este órgano funcionará como articulador entre los sectores público y privado para facilitar encadenamientos productivos, generar empleos y fortalecer el capital humano regional.

A través de la canalización de capital semilla y asistencia técnica, la Comisión apoyará directamente a emprendimientos y pequeños productores, fomentando su integración en cooperativas y clústeres, mientras impulsa alianzas comerciales estratégicas y presenta informes periódicos de avance ante la Presidencia de la República.

En tanto, la Dirección Ejecutiva tendrá la responsabilidad de coordinar técnicamente la ejecución de los proyectos aprobados dentro del cronograma establecido, administrar los fondos asignados, formular políticas derivadas del plan y ejecutar iniciativas, programas y proyectos necesarios para alcanzar los resultados esperados.

De igual forma, deberá coordinar asistencia técnica, financiamiento, manejo postcosecha y comercialización en las fincas intervenidas, además de mantener un registro georreferenciado de cada unidad productiva, supervisar el cumplimiento de las tareas planificadas y llevar control contable de los gastos ejecutados.

Asimismo, podrá contratar personas físicas y jurídicas conforme a las leyes vigentes, supervisar el uso adecuado de equipos y maquinarias asignadas al plan, y rendir informes trimestrales a la Comisión sobre los avances de su implementación.