Entre los años 2025 y 2026, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un total de 25 proyectos de ley, de los cuales 17 fueron aprobados y promulgados en plazos relativamente cortos, mientras que otros fueron retirados o permanecen pendientes de discusión.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentran los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y 2026, la reforma constitucional, la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía, la modificación de la Ley de Migración y de la Ley contra la Trata de Personas, la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, así como las autorizaciones para emisiones de bonos soberanos. Estas medidas reflejan la capacidad del Gobierno para impulsar su agenda legislativa en áreas clave de la economía, la institucionalidad y la protección social.

Sin embargo, proyectos de gran impacto como la reforma fiscal y la reforma laboral no lograron avanzar. La reforma laboral ha sido enviada en tres ocasiones distintas, pero en todas quedó sin aprobación definitiva, ya sea por perención en el Congreso o por falta de consenso entre las bancadas. Este historial refleja la dificultad de alcanzar acuerdos en torno a cambios estructurales en el Código de Trabajo.

Según el banco de iniciativas legislativas de ambas cámaras , aunque los congresistas presentaron más de 850 proyectos en el mismo período, apenas 52 fueron aprobados. La posible discusión del «Plan Anti-Crisis» mañana se enmarca en este contexto, una iniciativa que, a diferencia de otras, enfrenta un debate más complejo por su alcance económico y social, lo que podría salpicar de desacuerdos a los congresistas.