La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, envió a juicio de fondo a varios exfuncionarios y empresarios acusados de operar una supuesta red de corrupción relacionada con contratos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Entre los principales acusados figura el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, señalado como el eje central del entramado y presunto beneficiario de contratos fraudulentos vinculados a las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser acusado de controlar sistemas semafóricos, videovigilancia y operaciones de sabotaje tecnológico en el Gran Santo Domingo.

También fue enviado a juicio el exdirector del Intrant, Hugo Beras, a quien el Ministerio Público acusa de facilitar adjudicaciones irregulares a empresas sin capacidad técnica y de participar en maniobras relacionadas con la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.

Junto a ellos también serán juzgados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.

Según la acusación, Frank Díaz Warden habría manipulado licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas vinculadas al esquema, mientras que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda es acusado de facilitar el control técnico de la red semafórica y falsificar certificaciones.

El expediente también atribuye a Juan Francisco Álvarez Carbuccia la emisión de certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria, en tanto que Pedro Vinicio Padovani Báez es señalado por participar en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.

En tanto Carlos José Peguero Vargas es acusado de movilizar fondos mediante la empresa Inprosol S.R.L., mientras que Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, vinculados a PagoRD Xchange, habrían actuado como testaferros para ocultar la propiedad real de la compañía y desviar recursos hacia Gómez Canaán.

Otro de los enviados a juicio es Henry Darío Féliz Cassó, a quien el Ministerio Público atribuye el rol de intermediario financiero en operaciones de desvío y lavado de fondos públicos.

En el proceso también fueron incluidas las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., las cuales, según la acusación, habrían sido utilizadas para ejecutar contratos fraudulentos, desviar fondos públicos, adquirir bienes con recursos ilícitos y desarrollar operaciones de espionaje y sabotaje tecnológico.

El Ministerio Público sostiene que la presunta red vulneró principios de transparencia y libre competencia mediante el uso de sociedades interpuestas, documentos falsos y maniobras para asegurar la adjudicación irregular de contratos estatales por más de RD$1,300 millones.

Las imputaciones incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, corrupción administrativa, sabotaje, falsificación, delitos de alta tecnología, contrabando y violaciones vinculadas a la Ley de Armas, aunque durante la audiencia el tribunal excluyó la calificación de terrorismo al considerar que no se configuraba el elemento subjetivo de ese tipo penal.

El procurador adjunto Wilson Camacho indicó que, pese a esa exclusión, el tribunal mantuvo la acusación por sabotaje y lavado de activos, delitos por los cuales los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.