Buenos Aires. La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), tras quedar firme su condena a seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La decisión implica que la líder peronista ya está formalmente detenida y comenzará a cumplir su condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, quien también dejó sin efecto la obligación de que Fernández comparezca este miércoles ante el tribunal.

A sus 72 años, la ex mandataria accede a un beneficio previsto por la ley para personas mayores de 70, aunque la decisión judicial fue fuertemente cuestionada por la Fiscalía, que consideró que “no se advierten razones humanitarias” para concederla.

La prisión domiciliaria entra en vigencia desde este martes, y Fernández deberá someterse a estrictas condiciones: no podrá salir de su hogar salvo por fuerza mayor debidamente justificada y deberá evitar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.

Además, deberá presentar en un plazo de 48 horas un listado de convivientes, abogados, médicos tratantes y personal de custodia.

Un dispositivo de vigilancia electrónica será colocado en su domicilio, a pesar del rechazo de su defensa, que alegó que no existía riesgo de fuga y que se buscaba evitar una “humillación” para la ex jefa de Estado.

Fernández fue condenada en 2022 por su rol en un esquema de corrupción en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.

El pasado 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme la sentencia, lo que habilitó su ejecución. Su defensa, además de apelar a su edad, también mencionó su condición de expresidenta y el intento de atentado que sufrió en 2022 como fundamentos para solicitar la prisión domiciliaria.

El cumplimiento de las condiciones impuestas será supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá presentar informes trimestrales ante la Justicia.

Mientras tanto, las inmediaciones del domicilio de la exmandataria siguen siendo punto de concentración de simpatizantes que manifiestan su respaldo a la figura del kirchnerismo.

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