Santo Domingo. El asesor de la comisión congresual que estudia el proyecto de ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos, profesor Juan Valdez, considera limitada la regulación de uso de celulares en las escuelas emitida por el Ministerio de Educación

A su juicio, la decisión de prohibir el uso de teléfonos celulares en estudiantes del nivel inicial y establecer restricciones en primaria y secundaria no aborda de manera integral el problema de fondo del uso excesivo de pantallas y redes en menores.

La disposición del Ministerio de Educación, ordena a los centros educativos crear reglas para regular el uso de celulares y dispositivos móviles.

Sin embargo, para Valdez, el también presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, la base del problema no solo es sacar de las escuelas los dispositivos electrónicos o regularlos, sino lograr un plan integral que involucre a las familias, para mantener los controles en los hogares y resolver los impactos negativos de la exposición constante a los dispositivos electrónicos, como el déficit de atención, hiperactividad, la ansiedad, el estrés, la depresión, entre otros.

El asesor del proyecto de Ley para la protección y uso responsable de tecnologías digitales y pantallas en niños y adolescentes, explico que la propuesta está el congreso pendiente de aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados y busca que la educación no solo priorice el acceso a la tecnología, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la convivencia, mediante una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las escuelas y las plataformas digitales para proteger a los menores y garantizar entornos digitales más seguros.

Lo que plantea el proyecto

De manera más detallada, la iniciativa plantea prohibir completamente el uso de pantallas en menores de dos años, salvo excepciones terapéuticas, educativas especiales o de apoyo al desarrollo, siempre bajo supervisión profesional y autorización correspondiente.

Para los niños de 2 a 5 años, el tiempo de exposición quedaría limitado a 30 minutos diarios con contenido educativo certificado.

El proyecto también establece límites de tiempo para el uso recreativo de dispositivos digitales.

Los menores de 6 a 14 años solo podrían utilizar pantallas una hora diaria en días laborables y dos horas los fines de semana, mientras que los adolescentes de 15 a 17 años tendrían un máximo de dos horas diarias fuera del horario escolar.

Además, se propone restringir el uso de dispositivos entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana para adolescentes.

Otro de los puntos centrales es la regulación del acceso a redes sociales. El anteproyecto dispone que los menores de 15 años solo podrán acceder a estas plataformas con consentimiento y supervisión de sus padres o tutores.

También obliga a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad, controles parentales automáticos y restricciones de contenido inapropiado.

Además, la pieza legislativa prohíbe el uso de libros digitales como herramienta principal en los niveles inicial y básico, priorizando materiales impresos y métodos de enseñanza presenciales.

Sin embargo, contempla excepciones para estudiantes con necesidades especiales, programas inclusivos y zonas rurales donde existan limitaciones de acceso a materiales físicos.

El Ministerio de Educación tendría la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la ley en escuelas y colegios, mientras que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) fiscalizaría a las plataformas digitales.

Mientras el Ministerio de Salud Pública desarrollaría campañas de concienciación sobre los efectos del uso excesivo de la tecnología en menores.

El anteproyecto contempla sanciones para centros educativos y plataformas digitales que incumplan las disposiciones, incluyendo multas, suspensión temporal de servicios y revocación de autorizaciones en casos graves o reiterados.

La propuesta además argumenta que el incremento en el uso de dispositivos digitales y redes sociales en edades tempranas puede afectar el rendimiento académico, el desarrollo emocional y la salud mental de los menores, por lo que busca establecer un marco regulatorio enfocado en la protección integral de la niñez y adolescencia.