La acusación señala que la empresa Sean Dominican SRL mantenía un acuerdo irregular con Lora Cruceta mediante el cual debía entregar una parte del dinero que recibía por concepto de facturas pagadas por el Patronato.

De acuerdo con el expediente, los porcentajes habrían oscilado inicialmente entre un 25 % y posteriormente un 12.5 %, dependiendo de las circunstancias de cada negociación.

Para ocultar la naturaleza real de esos pagos, los fondos eran canalizados mediante cheques emitidos bajo conceptos como «donaciones» o «aportes al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer».

Sin embargo, la investigación sostiene que esos recursos no tenían un propósito benéfico genuino, sino que formaban parte de un mecanismo de retorno económico exigido al proveedor.

¿Cómo operaba el supuesto esquema de comisiones?

Según la documentación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una vez la institución pagaba facturas a la empresa suplidora, se producía un retorno de una parte de esos fondos.

El expediente incluye cheques específicos que, según los investigadores, evidencian el patrón investigado. Algunos de esos documentos contienen anotaciones manuscritas donde se menciona expresamente una «comisión por compra» vinculada a los pagos realizados.

La investigación también recoge testimonios de personas relacionadas con la empresa suplidora que habrían participado en la emisión y entrega de los cheques.

Según la versión del Ministerio Público, los valores eran entregados directamente al principal imputado en sus oficinas dentro de las instalaciones del Patronato.

¿Por qué la acusación habla de un mecanismo coercitivo?

Uno de los aspectos más delicados del expediente es que la acusación no se limita a describir pagos voluntarios.

Los fiscales sostienen que cuando los representantes de Sean Dominican SRL intentaron dejar de realizar los desembolsos, surgieron dificultades para el cobro de facturas pendientes.

El Ministerio Público afirma que, posteriormente, el pago de obligaciones acumuladas fue condicionado a la entrega de una nueva «donación» equivalente al 12.5 % del monto adeudado.

Según la investigación, este patrón se habría mantenido hasta el año 2024 y habría generado pagos acumulados por más de RD$6.5 millones.

¿Qué otras irregularidades financieras fueron identificadas?

La solicitud de coerción también describe presuntas autoasignaciones de gastos de representación, reembolsos sin soporte documental y transferencias realizadas sin los controles internos establecidos por los estatutos de la institución.

Los investigadores afirman que Lora Cruceta habría concentrado el manejo financiero mediante un sistema de banca electrónica controlado desde dispositivos bajo su uso exclusivo.

Asimismo, el expediente señala que las auditorías detectaron pagos por supuestos gastos de representación que habrían aumentado progresivamente hasta alcanzar cientos de miles de pesos mensuales.

La acusación también sostiene que se realizaron reembolsos por viajes, hoteles y otros conceptos que presuntamente carecían de documentación de respaldo o aprobación institucional.

¿Qué papel juega el presunto sabotaje digital en la investigación?

Otro de los hallazgos que llama la atención de las autoridades es la alegada eliminación de registros digitales cuando comenzaron las auditorías ordenadas por el Ministerio Público.

Según el expediente, peritos especializados concluyeron que se produjo un sabotaje que afectó los sistemas informáticos utilizados para administrar información financiera y operativa de la institución.

La Procuraduría considera que esta situación habría dificultado la reconstrucción de operaciones y movimientos financieros realizados durante varios años.

Por esa razón, el supuesto borrado de registros figura como una de las evidencias utilizadas para justificar la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.

¿Por qué este aspecto del caso podría ser determinante?

Aunque la Operación Onco14 incluye acusaciones relacionadas con fraude, lavado de activos y otras modalidades delictivas, el esquema de las presuntas comisiones disfrazadas de donaciones representa uno de los elementos más sensibles de la investigación.

La razón es que, según el Ministerio Público, los recursos involucrados provenían de fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer y de aportes vinculados al sistema público de salud.

Ahora corresponderá a los tribunales determinar si las pruebas y testimonios presentados por los fiscales son suficientes para sustentar las acusaciones formuladas contra los imputados, quienes conservan la presunción de inocencia durante todo el proceso judicial.