Río de Janeiro.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto que obliga a los bancos a embargar los recursos relacionados con empresas de apuestas que operan sin autorización oficial, en una nueva ofensiva contra el mercado ilegal de las llamadas ‘bets’.

La medida reglamenta los mecanismos previstos en la llamada Ley Antimafia y tiene como objetivo impedir la circulación de recursos procedentes de plataformas de apuestas clandestinas, que, tras su embargo, se invertirían en seguridad pública.

«Cumplido el debido proceso, los recursos embargados serán destinados al Fondo Nacional de Seguridad Pública y reforzarán el combate a las estructuras financieras del crimen organizado en el país», explicó el líder progresista -en un mensaje que publicó en sus redes sociales-.

Según el ministro de Justicia de Brasil, Wellington Lima e Silva, entre un 41 % y un 51 % de las plataformas de apuestas que operan en Brasil son ilegales y atraen a unos 25,2 millones de apostadores.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, explicó -en una rueda de prensa- que la Secretaría de Premios y Apuestas identificará a las empresas irregulares y notificará a las instituciones financieras, con conocimiento del Banco Central.

Casi 300 operadores en el ojo del Gobierno

A partir de esa comunicación, los bancos estarán obligados a congelar las cuentas que tienen operaciones investigadas.

«El bloqueo administrativo será inmediato y deberá confirmarse por las entidades financieras en un plazo de hasta 48 horas», afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

Durigan señaló que el Gobierno identificó cerca de 300 operadores detrás de casi 50.000 sitios de apuestas retirados de internet, que utilizaban unas tres decenas de instituciones financieras para realizar sus pagos.

El Gobierno, sin embargo, todavía no tiene el valor exacto de cuánto dinero se podría recuperar mediante el nuevo mecanismo.

Los operadores podrían apelar a la decisión

En caso de impugnación, las casas de apuestas afectadas podrán presentar alegaciones para revisar la medida. Si no prosperan los recursos, la Abogacía General de la Unión promoverá acciones judiciales para la expropiación definitiva de los fondos, que pasarán a ser parte del fondo de seguridad pública.

La decisión se anunció un día después de una operación de policías y fiscales tributarios hecha contra una red de apuestas clandestinas que operaba bajo licencias presuntamente emitidas por un municipio del estado de Río Grande do Norte.

Las investigaciones apuntan a delitos de blanqueo de capitales, explotación ilegal de juegos de azar, asociación criminal y delitos contra los consumidores. EFE