No es la primera vez que el Gobierno intenta reorganizar y fiscalizar el sector

Santo Domingo. El Ministerio de Interior y Policía presentó este martes un plan reforzado de regulación y depuración de las paradas de motoconchos afiliadas a distintas asociaciones del país, con el fin de fortalecer la seguridad vial, mejorar los controles sobre los conductores y reducir los hechos violentos protagonizados por motociclistas en las vías públicas en los últimos días.

La iniciativa, que es otra de una serie de planes presentados en los últimos años, surge en medio de la preocupación de las autoridades por los frecuentes incidentes registrados en distintas zonas del país, muchos de ellos captados en videos que muestran agresiones, conflictos de tránsito y enfrentamientos protagonizados por motoristas.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes y establecer mecanismos de supervisión más efectivos dentro de un sector que moviliza diariamente a miles de personas.

De acuerdo con representantes de las federaciones de motoconchistas, cerca del 95 % de las paradas opera actualmente de manera irregular, una situación que dificulta la fiscalización y el control de quienes ofrecen el servicio.

Ante este panorama, el Gobierno acordó trabajar de manera conjunta con 32 federaciones organizadas y registradas ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), las cuales participarán activamente en el proceso de reorganización y regulación del sector.

Unos seis planes desde 2007

El anuncio realizado por el Ministerio de Interior y Policía sobre este nuevo proceso de regulación y depuración de motoconchistas se suma a una larga lista de iniciativas impulsadas por distintos gobiernos dominicanos durante las últimas dos décadas con el objetivo de organizar el sector motociclista y reducir los niveles de violencia e informalidad.

Registros periodísticos muestran que, desde 2007, las autoridades han presentado al menos seis grandes planes nacionales o relanzamientos enfocados en el registro, identificación y fiscalización de motociclistas y motoconchistas.

Uno de los primeros intentos formales ocurrió en 2007, cuando el Gobierno creó la Oficina Nacional del Motoconcho (ONAM) con el propósito de organizar las paradas y regular el servicio de transporte en motocicletas a nivel nacional.

Posteriormente, en 2012, fue anunciado un “Plan Nacional para la Regulación de Motociclistas”, que incluía medidas como el registro de conductores, uso obligatorio de casco protector, identificación de motocicletas y educación vial.

Años más tarde, en 2021, el Gobierno lanzó el “Plan Nacional de Registro de Motocicletas” dentro de la estrategia de seguridad ciudadana “Mi País Seguro”. La iniciativa contemplaba el registro masivo de motocicletas, rotulación, códigos únicos en cascos e identificación de conductores.

Sin embargo, diferentes reportes señalaron posteriormente retrasos y dificultades en la implementación del programa. En 2024, las autoridades anunciaron que retomarían el plan de registro tras reconocer que gran parte del proceso había quedado paralizado.

Más recientemente, el INTRANT emitió nuevas normativas relacionadas con el uso obligatorio de cascos homologados y otros requisitos para motociclistas, como parte de las acciones para fortalecer el control sobre el sector.

Ahora, en 2026, el Ministerio de Interior y Policía vuelve a colocar el tema en agenda con un nuevo proceso de regulación que incluye depuración de afiliados, fiscalización de paradas ilegales, verificación de antecedentes y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión junto a las asociaciones de motoconchistas.

Aunque cada iniciativa ha tenido características distintas, la mayoría de los planes anunciados durante los últimos años han coincidido en varios objetivos comunes: organizar las paradas, registrar motociclistas, exigir licencias y cascos, fortalecer la fiscalización policial y reducir los hechos delictivos vinculados al uso de motocicletas.

Las medidas del «nuevo» plan

Entre las medidas anunciadas este martes figuran el desmantelamiento de paradas ilegales, la exigencia del uso de cascos homologados, licencias de conducir vigentes, certificados de buena conducta y demás documentos requeridos por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

También se reforzarán los procesos de registro e identificación de los conductores para que las autoridades cuenten con información actualizada de quienes prestan el servicio de transporte en motocicletas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que muchas de estas disposiciones ya están contempladas en la legislación vigente, pero sostuvo que es necesario endurecer su aplicación para garantizar una mayor seguridad ciudadana.

Señaló que el trabajo coordinado con las asociaciones permitirá que los propios dirigentes colaboren en la supervisión de sus afiliados y contribuyan a detectar conductas incompatibles con la actividad.

Como parte del plan, las federaciones deberán realizar un proceso de depuración de sus miembros mediante la verificación de antecedentes y comportamiento, con el propósito de identificar a quienes puedan representar riesgos para la seguridad o incumplan las normas establecidas.

La funcionaria indicó que este proceso estará acompañado por las autoridades y servirá para fortalecer la confianza en las asociaciones formalmente organizadas.

Raful informó además que la información obtenida a través de los procesos de licenciamiento, registro y organización de los motoconchistas será compartida con la Policía Nacional, con el objetivo de facilitar las labores de control, fiscalización e investigación cuando sea necesario.

Para ello, también se busca fortalecer la coordinación entre las asociaciones, la Policía Preventiva y los organismos de inteligencia e investigación.

Las autoridades solicitaron igualmente el respaldo de los dirigentes del sector para impulsar jornadas de orientación dirigidas a los conductores, enfocadas en el manejo adecuado de conflictos, el control de la ira y el respeto a las normas de tránsito.

La ministra insistió en la necesidad de promover una cultura de convivencia pacífica en las vías públicas y reducir los comportamientos agresivos que han generado preocupación entre la ciudadanía.